El movimiento vecinal nació en los barrios de la periferia urbana como respuesta al abandono institucional. Hoy, muchos de esos barrios están incluso gentrificados. ¿Dónde sitúan ustedes, hoy, el frente principal de la desigualdad urbana en sus respectivas ciudades?

M.B |

Hoy en día, el elemento que más desigualdad genera en nuestros barrios es, sobre todo, el acceso a la vivienda. Sin embargo, también son determinantes otras cuestiones como la climatización de los edificios, las condiciones laborales de la vecindad, el tiempo disponible para socializar, informarse u organizarse y, evidentemente, el nivel económico de las familias.

Otro factor que hemos detectado como foco de desigualdad es la calidad de la formación de la juventud. Estamos viendo una brecha importante entre centros educativos según el barrio, condicionada por la complejidad y diversidad de los niños y niñas que acuden a ellos. Existe una segregación muy marcada por origen que acaba derivando en una clara desigualdad educativa entre institutos.

J.N |

En España, el código postal determina las oportunidades de las personas.

Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Miquel. Añadiría, además, un segundo eje de desigualdad: el derecho a permanecer.

Determinados modelos de desarrollo turístico, actividades económicas que privatizan el espacio público y una especulación inmobiliaria desmedida están expulsando a la gente de sus barrios. Aunque es cierto que cada vez contamos con más marcos legales sobre estos temas, los poderes económicos y las dinámicas privadas siguen siendo mucho más potentes.

Por eso, los vecinos pedimos participar de forma activa en el desarrollo urbanístico de nuestros barrios, incidiendo en su configuración y en su relación con la metrópolis.

«En España, el código postal determina las oportunidades de las personas.»

¿Qué reivindicación os planteáis más a grande escala? ¿A qué actores de la administración se lo pediríais?

J.N |

Los problemas de los barrios tienen una escala metropolitana; eso lo tenemos claro. El verdadero problema reside en quién es el interlocutor.

En Madrid, por ejemplo, no contamos con una administración específica para esta escala, sino que todo se gestiona mediante una política excesivamente centralista. Este tipo de gobernanza actúa siempre desde la perspectiva de la ciudad central, dejando de lado a los municipios de la primera o segunda corona periférica.

Esta ausencia de un organismo metropolitano, sumada a la falta de participación real en las administraciones municipales, dificulta enormemente el diálogo con las asociaciones vecinales.

M.B | 

En el caso de Barcelona, aun teniendo estas instituciones de escala intermedia, la interlocución con las asociaciones vecinales es prácticamente nula, por lo que resulta muy difícil entablar diálogos reales con capacidad de intervención.

Cómo se gestiona el transporte, la acogida de las personas migrantes, el impacto del turismo o las consecuencias del cambio climático en la ciudad… Es fundamental comprender cómo repercuten estas cuestiones en cada territorio y cómo se interconectan sus efectos entre sí.

¿Hasta qué punto los mecanismos actuales de participación permiten incidir realmente en las decisiones? ¿En qué casos el vecindario es escuchado cuando el proyecto ya está definido y en cuáles puede intervenir en el diagnóstico, las prioridades y la asignación de los recursos?

En este sentido, ¿en qué os gustaría participar? Y ¿Cómo?

J.N |

¡Claramente nos gustaría participar en todo!

Evidentemente, existen numerosos foros y charlas en los que, si queremos, tenemos una silla reservada. Sin embargo, no son espacios de participación real, sino lugares donde nos limitamos a escuchar lo que hacen las administraciones. Se trata de una participación meramente consultiva, por lo que no se genera un diálogo auténtico en el que podamos incidir, decidir o en el que realmente se nos consulte.

Como asociaciones vecinales, no contamos con estructuras legales ni con los medios necesarios para participar de pleno derecho en los procesos administrativos.

Pensemos, por ejemplo, en los sindicatos o en las entidades del tercer sector: disponen de marcos legales y constitucionales que los protegen, e incluso de vías de financiación y estructuras que les permiten negociar, exigir y cuestionar a las empresas. Las asociaciones de vecinos no tenemos ese amparo ni tampoco esos recursos económicos. Estaría muy bien que el Estado protegiera estas organizaciones para garantizar una capacidad de incidencia real. Que la participación fuera, en definitiva, un derecho.

M.B |

Animamos a la ciudadanía a sumarse a los foros vecinales, reuniones y organizaciones. Sin embargo, la realidad es que, por el modo en que funcionan los lobbies económicos y las administraciones, a menudo no hay tiempo ni para valorar los proyectos.

Nos entregan propuestas ya cerradas, sin consulta previa, y apenas nos dan una o dos semanas para presentar alegaciones a planes que suelen ser enormemente complejos.

No jugamos con los mismos medios que ellos, y esta desigualdad estructural nos coloca en una clara desventaja.

Por todo esto, nos cuesta convencer a los vecinos y vecinas de que se sumen a estos espacios: existe la sensación generalizada de que su tiempo no sirve para influir ni para cambiar nada.

Los barrios son hoy más diversos en cuanto a los orígenes, las edades, las formas de convivencia y las trayectorias residenciales. ¿Cómo se debe transformar el movimiento vecinal para representar también a jóvenes, personas migradas, inquieras y poblaciones con menos estabilidad o arraigo?

J.N |

La llegada de población migrante es un cambio evidente en nuestros barrios; en muchos de ellos, supera ya el 40 %. La falta de presencia de estas personas en el movimiento vecinal es un reto prioritario, pues no puede haber una representación real de la sociedad si las asociaciones no reflejan la diversidad territorial ni integran a todos los sectores que la componen.

Luego está el debate sobre el relevo generacional. Se habla a menudo de la falta de implicación de la juventud, pero conviene recordar que lo que ha envejecido es la propia estructura demográfica de las ciudades: la pirámide poblacional es la que es, y hoy tenemos a más personas mayores que jóvenes.

De todos modos, no conozco agrupaciones con una capilaridad, un arraigo y un conocimiento del territorio tan profundos como los de las asociaciones vecinales, y menos aún si las comparamos con lobbies económicos u organismos administrativos. Es evidente el reto que supone sumar a las personas migrantes, pero cada vez hay más entidades en barrios diversos que intentan servir de puente, compartir aprendizajes y atraer a nuevos vecinos.

M.B |

Por un lado, tanto la población migrante como los jóvenes tienen dificultades para generar un arraigo profundo. Es muy difícil organizarse en una asociación que es primordialmente territorial.

Los migrantes tienen mucha capacidad de organización, pero la ponen al servicio de personas de su mismo origen, lógicamente. En muchos casos las personas de otros sitios no saben que pueden incidir en la participación ciudadana, es un tema de no conocer la posibilidad de hablar y incidir, no que no quieran.

Hay mucha gente joven organizada en otro tipo de organizaciones, quizá no en asociaciones de vecinos, pero más por temáticas que no tanto por territorios, precisamente porque no saben dónde van a vivir mañana.

Desde las asociaciones vecinales intentamos acoger la mayor diversidad posible. En la asociación de vecinos existe la idea de “me da igual a quien votes pero apúntate a la asociación que entre todos tenemos que mejorar el barrio”.

Hay que decir que nosotros no tenemos representación de toda la sociedad, ni siquiera que nuestras peticiones sean necesariamente las buenas y las que se tengan que hacer, pero sí intentamos que tengan un espacio donde se tengan en cuenta, que lleguen a quien tienen que llegar y que se contemplen. Procuramos que estén lo más en línea a los intereses del barrio.

Para acabar, y de forma muy breve:

Mirando hacia 2050, ¿qué transformación concreta permitiría afirmar que Barcelona y Madrid se han convertido en metrópolis más inclusivas? ¿Y qué riesgo podría hacer que, a pesar de las inversiones y los proyectos, fueran aún más desiguales?

J.N |

En los proyectos arquitectónicos y urbanísticos a gran escala a veces falta un pequeño detalle en los planos: la gente. Estaría bien que las administraciones empezaran a considerar más las personas que realmente viven en los barrios, el aspecto social del espacio público. 

M.B |

Es necesario encontrar dos equilibrios. De cara a la población, debemos equilibrar sus derechos y obligaciones. En cuanto a la administración se deben equilibrar la cantidad de recursos destinados al desarrollo económico con aquellos que se destinan a la cohesión social.